TERRORISMO Y POLÍTICA

Segunda Parte: Lucha Contra el Terrorismo, Caso México.

En la delincuencia organizada y la lucha contra el terrorismo se encuentra un reto, hoy por hoy, para que los partidos políticos puedan forjar anclas poderosas en la confianza del electorado. Y no se trata de simple oportunismo, sino de ser útiles a la sociedad en los momentos difíciles que vivimos, tomando en cuenta la trascendencia de los hechos, como en su momento lo definió el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, Kofi Annan, en su informe previo a la cumbre de Nueva York, en 2005, cuando dijo lo siguiente:

"La amenaza del terrorismo está estrechamente relacionada con la de la delincuencia organizada, que va en aumento y afecta a la seguridad de todos los Estados. La delincuencia organizada contribuye a debilitar a los Estados, obstaculiza el crecimiento económico, alimenta muchas guerras civiles, socava regularmente las iniciativas de consolidación de la paz de las Naciones Unidas y proporciona mecanismos de financiación a los grupos terroristas. Los grupos de delincuentes organizados tienen también un activo papel en el contrabando ilegal de migrantes y en el tráfico de armas de fuego."

Y los conceptos de Kofi Annan en ese momento se ajustan a la perfección a las situaciones que hemos venido conociendo a través de los últimos años y que se han agravado aún más en el gobierno de Felipe Calderón. Sus conceptos cobran una vigencia tal, como si fueran hechos pensando en la situación de México, donde “La amenaza del terrorismo está estrechamente relacionada con la de la delincuencia organizada, que va en aumento y afecta a la seguridad de todos los Estados.”

El terrorismo lo define la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición (electrónica) del Diccionario de la Lengua Española, como: "1. m. Dominación por el terror; o, 2. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror." Es cierto que en los acontecimientos execrables de los que hemos tenido noticias en los últimos tiempos, no ha existido una reivindicación de ningún grupo político o delicuencial, pero no menos cierto es que se ajustan exactamente a la definición de “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”, aún cuando no exista una proclama específica al efecto.

Pues bien, dada la trascendencia del tema y tomando en consideración los magros resultados de la política de seguridad del régimen panista –puede decirse incluso que en defecto de ella- las oposiciones tienen que actuar. Y en el PRI nos hemos quedado cortos en esta materia ya que, por ejemplo, en nuestros documentos básicos, la única mención sobre el terrorismo se hace en el Programa de Acción, de la manera siguiente:

"El PRI continuará promoviendo el ejercicio de la diplomacia preventiva, el impulso a los acuerdos en materia de desarme, el fortalecimiento de la lucha internacional contra el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas y las diversas formas del crimen transnacional organizado, así como las iniciativas multilaterales para mitigar los efectos negativos del cambio climático y la contención y prevención de los desastres naturales y las pandemias."

En conclusión, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado la encontramos en nuestro programa de acción dentro de una miscelánea de temas que, al parecer, no hemos encontrado la atingencia para desarrollar. Y por tanto: ¿Cómo queremos que la sociedad ponga los ojos en el PRI para otorgarle su confianza? ¿Dónde está la estrategia del partido para decirle a la sociedad que somos una mejor opción de gobierno, si mantenemos una actitud pasiva frente a los problemas, si jugamos nuestros triunfos a la efectividad corporativa y no a la solidaridad activa con las causas de la nación?

La lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada no es cosa menor. Ocupa un primer lugar en las políticas que sostiene la Organización de las Naciones Unidas, atenta a que se trata precisamente de una amenaza contra la paz y seguridad de las naciones y la convivencia internacional. México no debe ser ajeno a estos esfuerzos y nuestro Instituto Político –históricamente ligado a las posiciones de avanzada en el panorama internacional- no puede mantener una posición de inactividad y expectación. Y creo que hace falta mucho por hacer en esta materia como para dejar al gobierno del PAN toda la confianza para actuar, como si fuera su primera oportunidad. Y no la es.

En efecto, del “Quinto Informe del Gobierno de México al Comité contra el Terrorismo establecido en virtud de la resolución 1373 (2001), presentado en respuesta a la solicitud de la Presidenta del Comité contenida en la nota S/AC.40/2006/OC.62 de fecha 3 de marzo de 2006”, podemos sacar alguna información que permita evaluar lo que ha hecho México en los últimos años de gobierno panista.

Por ejemplo, en cuanto a las “Medidas de Aplicación” el informe del Gobierno Mexicano aborda en forma por demás escueta el tema del desmantelamiento de redes terroristas, mediante una frase vaga, como sigue: “La disolución de redes de terroristas es propiamente la síntesis de la aplicación de las técnicas especiales de investigación.” En ese aspecto ese es todo el informe, es decir, no hay nada. Habrá quien diga que es información confidencial, pero en realidad se trata de un informe de 2005 al Comité contra el Terrorismo de la ONU, el que tiene programas de apoyo con base en los informes que recibe de las naciones participantes. [1]

En su resolución 1624 (2005), el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas instó a los estados miembros a impedir la incitación y las conductas terroristas dentro de sus territorios, y aplicar medidas para cumplir sus obligaciones internacionales con la lucha contra el terrorismo. La respuesta panista sobre las medidas que México ha adoptado para prohibir por ley e impedir la incitación a la comisión de un acto o actos de terrorismo fue la siguiente:

"… Como parte del esfuerzo del Gobierno de México en contra de las actividades de grupos terroristas internacionales, el 11 de septiembre de 2003, el Presidente de la República sometió al Senado de la República una iniciativa para tipificar el terrorismo internacional y el financiamiento al terrorismo…
"La iniciativa en comento modifica los artículos 139 y 148 bis del Código Penal Federal, para tipificar el terrorismo internacional y el financiamiento al terrorismo.
Con la reforma al artículo 139, no sólo actos terroristas cometidos en México serán penalizados, sino también aquellos actos cometidos en México con la intención de afectar la seguridad internacional o la autoridad de un Estado extranjero.
"Además, el artículo 148 bis penaliza la recaudación de fondos de cualquier clase que tengan por objeto ayudar de cualquier manera o apoyar actividades terroristas, independientemente del destino final que se haya dado a los mismos."

Dichas reformas a los artículos 139 y 148 bis del Código Penal Federal se aprobaron para quedar como sigue:

"Artículo 139.- Se impondrá pena de prisión de seis a cuarenta años y hasta mil doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación.
La misma sanción se impondrá al que directa o indirectamente financie, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, en apoyo de personas u organizaciones que operen o cometan actos terroristas en el territorio nacional. "

En cuanto al artículo 148 bis, se refiere a terrorismo internacional, es decir, aquellos actos que se cometan en territorio nacional en contra de bienes o personas u organizaciones pertenecientes a Estados extranjeros. Sin embargo, es de señalarse que el 139 prevé que los actos tipificados deben tener una finalidad o motivación específicas: “atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación.” Es decir, la sola comisión de dichos actos especificados no tipifica al terrorismo, si no incluye precisamente dicha condición. Lo que resulta contrario al concepto de terrorismo del derecho internacional.

Como se desprende del Informe del Comité contra el Terrorismo sobre su revitalización, del 26 de enero de 2004, aprobado por el propio Comité (S/2004/124), es innegable y evidente el vínculo entre la delincuencia organizada y el terrorismo, como lo señala en el capítulo respectivo:

"D. Vínculos entre el terrorismo y la delincuencia organizada.
La delincuencia organizada y el terrorismo son dos caras de la misma moneda. Las manifestaciones de estos dos tipos de delincuencia son a menudo similares en su modus operandi y en sus consecuencias. Además, se ha observado que el tráfico generado por la delincuencia organizada (drogas, armas, contrabando) constituye a menudo una de las fuentes de financiación de los terroristas. En consecuencia, los esfuerzos por luchar contra la delincuencia organizada son un medio directo de prevenir las manifestaciones del terrorismo, como se señala en el párrafo 4 de la resolución."

El concepto prevaleciente en el artículo 139 y relativos del Código Penal Federal con relación a los actos terroristas es -a todas luces- ineficaz, porque incorpora una condición de finalidad o motivación (“atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación”) dentro de la conducta típica descrita. Esto dificulta sin duda la acción de la justicia, al momento de pretender ajustar dentro de la conducta típica no sólo los actos del delincuente sino también su motivación, contrariamente a lo que establecen las recomendaciones en esta materia de la Organización de las Naciones Unidas y el Comité contra el Terrorismo.

En este sentido, la Prohibición de la incitación a la comisión de actos de terrorismo, Resolución 1624 (2005) del Comité contra el Terrorismo, condena…

"… en los términos más enérgicos todos los actos de terrorismo, independientemente de su motivación y de cuándo y por quién sean cometidos, como una de las más graves amenazas a la paz y la seguridad, y reafirmando la responsabilidad primordial del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales en virtud de la Carta de las Naciones Unidas…"

De donde se sigue la conclusión de que para las Naciones Unidas y el Comité contra el Terrorismo, el acto terrorista por sí mismo, con independencia de su motivación constituye una grave amenaza contra la paz y la seguridad. Contrariamente a lo establecido en dicho informe de la ONU, el Código Penal Federal establece que clasificar conductas delictivas como actos terroristas depende de una motivación que, además, no se encuentra dentro de los casos que constituyen una amenaza contra la seguridad nacional en la Ley de Seguridad Nacional, como se desprende del artículo correspondiente que las define:

"Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional:
"X. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas…"

Por ejemplo, en el reciente atentado de Morelia, que se hizo contra una reunión pacífica de ciudadanos, ¿existiría la intención del delincuente de atentar o presionar, etcétera, o debe clasificarse como terrorismo simplemente porque utilizando explosivos como medio violento, se realizaron actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produjeron alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella?

Es evidente que se trata de un acto de terrorismo, pero la intención o finalidad manifiesta que prevé el tipo penal, bien pudiera quedar excluida, con la consiguiente ineficacia para la persecución penal. Tampoco se advierte que dicha conducta sea considerada una amenaza a la seguridad nacional en la ley de la materia, con lo que se dejaría cabos sueltos en la acción del Ministerio Público. Por lo consiguiente: ineficacia en la acción de la justicia contra el terrorismo.

[1] (En el anexo B denominado “Lista de Estados que habían presentado al Comité contra el Terrorismo informes sobre el cumplimiento de la resolución 1624 (2005) del Consejo de Seguridad en el período comprendido entre el 7 de septiembre de 2006 y el 16 de julio de 2007”, incluido en el Segundo informe del Comité contra el Terrorismo al Consejo de Seguridad sobre la aplicación de la resolución 1624 (2005), se advierte que el gobierno panista de México no cumplió su obligación de informar.)

Continuará Próximamente Tercera Parte.

TERRORISMO Y POLÍTICA

Primera Parte: Terrorismo como Asignatura Partidista.

La lucha política en México ha cambiado radicalmente, desde los conceptos abstractos de lucha social, o el abanderamiento de causas más sentidas por la sociedad –tan comunes en el PRI- hasta conceptos concretos y tangibles como la defensa de PEMEX contra la privatización, que enarbola Andrés Manuel López Obrador. Puede que nos cause escozor, pero no podemos dejar de reconocer que si existe alguien con una enorme visión para la oportunidad política, ese es precisamente el tabasqueño AMLO, quién lleva prácticamente dos años recorriendo el país impulsando una lucha contra el fantasma de la privatización contra PEMEX.
Sus motivos sin duda no son los que declara. Quienes lo conocemos, sabemos que detrás de las tesis ideológica que defiende, se encuentra una intencionalidad política concreta. Es decir, que está calculando con precisión la rentabilidad que le va a dar este posicionamiento rumbo a su destino final: las elecciones en 2009 y, particularmente, en 2012.
Sin embargo, su planteamiento ideológico ante los ciudadanos de su partido y la población en general, vende. Es decir, recibe la atención y en no pocas ocasiones la simpatía del público, el cual sin duda tendrá un elemento de comparación en esta materia con los competidores políticos y le representará una opción posible a la hora de votar.
No podemos pensar que al señor López Obrador le falta razón. Antes, por el contrario, tiene una razón fundamental: está haciendo política, construyendo una opción y fortaleciendo un liderazgo que casi le alcanza en el 2006 para ser Presidente de la República. Lo mismo podemos señalar del presidente Felipe Calderón: está muy atento a los vaivenes y veleidades en el panorama nacional, tratando de dar respuestas a las interrogantes del ciudadano común, lo mismo durante la inundación en Tabasco que en el atentado de Michoacán, para sólo mencionar dos casos.
Y creo que es importante que en el PRI nos fijemos bien no sólo en lo que estos actores hacen o no hacen, sino en lo que nosotros hacemos o no hacemos como opción o alternativa de gobierno, dentro del espectro político nacional, como oposición. Porque no puede concebirse una estrategia política sin contar con el mínimo de referentes, para obtener un análisis acertado del entorno –un diagnóstico básico, si se quiere- que nos permita concebir el qué hacer del partido con una visión de futuro.
Me explico. Política es plan, acción concertada para lograr un fin, que en el caso de la política partidista es llevar a sus ciudadanos afiliados a conquistar los cargos de elección popular. Esto se hace mediante las elecciones; y las elecciones las ganan quienes presentan la mejor oferta política y tienen la mejor organización para competir. Por mejor oferta política debemos decir: los mejores candidatos y el mejor partido, es decir, las mejores opciones para una sociedad que tiene, en el mercado político, de dónde escoger.
En el PRI hemos creído durante mucho tiempo que una buena estructura y organización, con presencia en todos los rincones del país, basta para garantizar el triunfo en una elección. Si esto fuera cierto, es probable que el PAN por ejemplo, no hubiera podido ganar las elecciones de 2000 con Vicente Fox, o en 2006 con Felipe Calderón. Y sin embargo, ahí están los resultados, pese a las estrategias electorales y a las difundidas estructuras partidistas no sólo del PRI, sino también del PRD, contra las cuáles ha podido salir airoso el PAN en dos sucesivas elecciones federales.
Creo que esto se debió básicamente a que el PRI ha dejado de ser en buena medida una oferta política y a que al PRD no supo percibir con certeza lo que la gente quiere y se ancló en fórmulas simples de contradicción. Pero López Obrador, ya entendió la diferencia. Y esa es la estrategia que ha puesto en práctica al promover el Frente Amplio Progresista, alzar la bandera de defensa del petróleo y dar a sus seguidores una causa poderosa para fortalecer su espíritu de lucha política.
En el PRI nos hace falta entender nuestro papel como oposición. Creemos que seguimos siendo gobierno y que no es necesario hacer política independiente, crítica y opositora. No entendemos que ser oposición es ya una función política apreciada por la sociedad civil, ávida como está de acertar con quienes puedan representar legítimamente sus anhelos, muestren capacidad para impulsar los cambios que vislumbran, sepan arrancar al gobierno acciones asertivas en cada ocasión, no se conformen con cada respuesta y estén siempre a la vanguardia, con propuestas nuevas encabezando la corriente de un mejor futuro para todos.
Vemos hoy, por ejemplo, que la seguridad pública y la seguridad nacional se han convertido en un tema de preocupación popular. Se advierte el temor en las expresiones de la gente común, ante la irrupción de una nueva forma de delincuencia organizada: el terrorismo. Este mal que nos aqueja, tal vez en algunas regiones ya ha sentado sus reales y existan comunidades que hayan encontrado una manera de convivir con él, pero para el grueso de la gente es un fenómeno novedoso y atemorizante.
Esto debido a que las acciones delicuenciales de nuevo cuño, llevan impreso un sello distintivo, del que antes carecía: la violencia por la violencia, sin aparente finalidad lucrativa o política. Lo cierto es que este fenómeno ya parece generalizado, en parte por la importancia que se le otorga en los medios de comunicación, pero sobre todo porque no estábamos acostumbrados a esta forma de violencia. Amén de que ha sido un fenómeno progresivo.
Lo cierto es que la sociedad espera que alguien asuma un papel de adalid en materia de defensa contra el terrorismo y la delincuencia. Y tal parece que el PRI no ha acertado a ubicarse en una posición que, a todas luces, la sociedad reclama a los partidos políticos, o a quién se decida a asumir ese papel necesario.
Hasta el momento, la acción gubernamental ha resultado ineficaz, porque del gobierno se espera resultados efectivos -que cese la ola de violencia- no sólo propuestas o condenas. Éstas adquieren, precisamente, cartas de naturalidad cuando provienen de los partidos de oposición, no del gobierno. Y lo que espera la sociedad de los partidos de oposición, es precisamente que tengan la capacidad de mover a la acción, para garantizar la seguridad nacional.
Continuará Próxima Semana con Segunda Parte:
Lucha Contra el Terrorismo, Caso México.